Dueños de apartamentos en Cuba deberán pagar cuotas mensuales obligatorias en nueva Ley de Vivienda
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba ha dado a conocer un ambicioso proyecto de Ley de la Vivienda que plantea cambios estructurales en la gestión y propiedad de los apartamentos en edificios multifamiliares del país. En total, el texto contiene 190 artículos que buscan actualizar y reemplazar la antigua Ley General de la Vivienda de 1988, adaptándose a la crisis habitacional que atraviesa el país.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la creación de un sistema de juntas de administración en cada edificio, formadas por todos los propietarios. Estas juntas tendrán la facultad de fijar cuotas mensuales obligatorias que deben aportar los titulares para cubrir gastos comunes tales como limpieza, mantenimiento, conservación y rehabilitación de las instalaciones compartidas. La obligatoriedad de estas contribuciones queda establecida de manera clara, ya que los acuerdos adoptados por la junta se consideran vinculantes para todos, sin excepción.
Los elementos comunes bajo responsabilidad incluyen, entre otros, la estructura del inmueble —cimientos, fachadas y techos—, escaleras, patios, zonas verdes, garajes no privativos, sistemas de agua, ascensores e intercomunicadores. Además, dichas juntas podrán contratar servicios de administración, seguridad y mantenimiento, buscando una mejor organización comunitaria y un manejo eficiente de los recursos.
El proyecto introduce también nuevas responsabilidades para los propietarios a nivel individual. Por ejemplo, se les exige mantener limpias las aceras y áreas exteriores frente a sus viviendas y cubrir íntegramente los costos de conservación y reparación de sus inmuebles. Sin embargo, una de las propuestas más significativas tiene que ver con los inmuebles deshabitados con deterioro estructural: aunque no estén formalmente declarados en ruina, los propietarios deberán recuperar su valor de uso. De no hacerlo, la Dirección de la Vivienda Municipal podrá intervenir y solicitar ante tribunales la pérdida del derecho sobre esas unidades por abandono, para que pasen a disposición del Consejo de la Administración Municipal y puedan ser reasignadas.
Estas medidas responden a una problemática creciente en Cuba, donde la escasez de viviendas supera las 805,000 unidades, agravada por la emigración que ha dejado numerosos inmuebles cerrados y en abandono. La ley también limita la propiedad a un máximo de dos viviendas por persona natural, más una de descanso o veraneo, y establece sanciones para quienes reciban viviendas subsidiadas: no podrán venderlas, donarlas ni permutarlas en un plazo de 15 años sin reembolsar al Estado el monto total del subsidio.
El proyecto está abierto a consulta pública hasta febrero de 2026 y aún requiere aprobación definitiva por parte del parlamento. Una vez ratificado, el Consejo de Ministros tendrá dos meses para elaborar el reglamento y la ley entrará en vigor tres meses después de su publicación oficial.
Este nuevo marco legal apunta a fortalecer la convivencia en edificios multifamiliares, garantizar el buen estado de la vivienda y combatir el abandono, elementos clave para afrontar la compleja situación habitacional en Cuba.
