Juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y le retiran el pasaporte para evitar fuga
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Juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y le retiran el pasaporte para evitar fuga

El escenario judicial en torno a la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un giro crucial. El magistrado Juan Carlos Peinado ha dictado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del mandatario, su asesora Cristina Álvarez y el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés, a quienes acusa de varios delitos vinculados con corrupción, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación.

Este histórico proceso no sólo marca un antes y un después en la relación entre política y justicia en España, sino que también implica medidas cautelares severas. A las señoras Gómez y Álvarez les han retirado los pasaportes, incluidos los diplomáticos, y se les ha impuesto la prohibición de abandonar el territorio nacional. Además, ambas deberán presentarse a firmar en el juzgado cada 15 días para garantizar que permanecen en España. En contraste, Barrabés no perdió la posibilidad de viajar, aunque enfrentará juicio por los mismos cargos.

El origen de la causa radica en las investigaciones iniciadas en 2024 acerca de la creación y desarrollo de la llamada Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta quedó vinculada profesionalmente con Begoña Gómez, a pesar de que, según registros y testimonios, no contaba con un título universitario oficial. Sorprende que la cátedra fue creada con una rapidez inusual y casi a medida, con directrices que, según el auto judicial, partieron del entorno cercano a la Presidencia.

En el auto de 84 páginas, el juez dibuja una red de presiones para acelerar la creación y consolidación de esta cátedra. Destaca, por ejemplo, la reunión del rector Joaquín Goyache en La Moncloa con Gómez, a quien apenas conocía, y las instrucciones internas de que había que “crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente”. La participación de su asesora Álvarez, que incluso firmó documentos en cargos académicos ficticios, se calificó como presión moral que excedía la mera formalidad institucional.

Por su parte, Barrabés habría influido para que la UTE conformada por sus empresas obtuviera contratos millonarios con Red.es, en momentos que coincidieron con reuniones en Moncloa y gestiones por Gómez y su equipo. El juez advierte de un intercambio de favores entre el apoyo a la cátedra y negocios empresariales asociados a Barrabés.

Uno de los elementos clave del proceso gira en torno al desarrollo de un software por un valor cercano a los 400 mil euros, financiado parcialmente por la UCM y corporaciones como Indra, Telefónica y Google. El control sobre este activo tecnológico terminó en manos de Gómez, quien registró la marca y constituyó una empresa privada para explotarlo. Según el auto, hubo una desconexión abrupta con las oficinas universitarias justo después de asegurar la cesión de derechos.

El juez justifica la retirada de los pasaportes y la vigilancia judicial constante en el riesgo de fuga, alegando que la escolta oficial a Gómez es una medida transitoria y que no puede considerarse un impedimento suficiente para evitar una posible huida, dadas las circunstancias del caso.

Tras años de investigación y tras agotarse la fase de instrucción, la causa se dirige ahora a un juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid, un proceso que será uno de los de mayor trascendencia mediática y política del país en tiempos recientes. El Ministerio Fiscal, que hasta ahora había pedido el sobreseimiento, tendrá diez días para presentar sus conclusiones provisionales antes de que inicie la polémica etapa de juicio oral.

Este proceso abre una ventana inédita sobre la influencia política y judicial en torno a la figura de la primera dama del Gobierno, en una trama cuyos efectos todavía están por verse y que se sitúa en el centro del debate público y político nacional.