Lis Cuesta se burla de las sanciones de EE.UU.
Lis Cuesta Peraza, conocida como “la machi” o “la no primera dama” por su perfil discreto frente a la imagen oficial, no tardó en responder con ironía desde su red social X: “es casi un honor estar en esa ‘lista’. No se cansan del ridículo y la estupidez política”. Con un gesto que busca cortar cualquier confusión, corrigió además un error de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señalando su lugar de nacimiento real, Sancti Spíritus, y no Holguín como había consignado el documento de la Casa Blanca. Su mensaje concluyó respaldando el lema revolucionario: “¡Viva Cuba libre!”.

Las sanciones van más allá de afectaciones personales y se extienden a instituciones emblemáticas del control político y social en la Isla, que Washington considera claves en la perpetuación del régimen. Entre las entidades señaladas figuran los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), creados en 1960 y utilizados históricamente como herramienta para la vigilancia y movilización comunitaria bajo la dirección del Partido Comunista cubano. También fueron sancionados el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos — encargado de gestionar relaciones con organizaciones internacionales afines al gobierno —, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la empresa minera estatal La Victoria S.A., y la agencia turística Amistur Cuba S.A.
Estas designaciones implican el bloqueo de activos que puedan tener las personas y entidades en territorio estadounidense, además de prohibir cualquier transacción con ciudadanos o compañías norteamericanas sin un permiso explícito del Tesoro. Desde Washington, las autoridades justifican esta medida como parte de un esfuerzo para aplicar una presión política y económica más directa sobre los responsables del mantenimiento del sistema cubano, incluyendo vínculos familiares y organizaciones clave.
Por su parte, la reacción de La Habana no tardó en llegar. Miguel Díaz-Canel calificó las sanciones como una continuación de la política hostil iniciada en la administración Trump, afirmando que buscan intensificar el embargo y aumentar la confrontación bilateral. En redes sociales denunció lo que describió como una lista “ilegítima” que intenta dañar al pueblo cubano a través de sus dirigentes y estructuras estatales. El canciller Bruno Rodríguez declaró que las medidas de EE.UU. son “ilegítimas y unilaterales” y denunció un intento de presentar a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, anticipando que cualquier acción encaminada a crear un escenario de conflicto está “destinada al fracaso”.
Este nuevo capítulo del enfrentamiento refleja la compleja dinámica entre ambos países, donde sanciones, retórica y acusaciones mutuas se combinan en una disputa que parece lejos de resolverse. Mientras el gobierno cubano reafirma su discurso de resistencia y denuncia, Estados Unidos persigue una estrategia para limitar la influencia y capacidad económica del régimen, incorporando en su lista no solo a los líderes formales sino a quienes integran la red familiar y las instituciones pilares del sistema.
En definitiva, la última ronda de sanciones consolida un círculo de tensión política, con la dictadura de Cuba utilizando la ironía y la reafirmación patriótica como escudos, y Washington fortaleciendo sus mecanismos de presión para generar un cambio en la Isla. El impacto real de estas medidas y la respuesta que proponga La Habana seguirán siendo determinantes para un escenario que continúa cargado de incertidumbre y antagonismo histórico.
