Última hora: EE.UU. amplía sanciones contra el círculo familiar de Díaz-Canel y refuerza la presión sobre el gobierno cubano

La administración del Presidente Donald Trump dio un nuevo paso en su estrategia de presión contra el gobierno cubano al anunciar este jueves una amplia ronda de sanciones que alcanza no solo a altos funcionarios del régimen, sino también a familiares directos de los principales dirigentes de la isla.

Las medidas, anunciadas por el Departamento de Estado, afectan al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, a familiares de Raúl Castro y a varias instituciones consideradas por Washington como pilares de apoyo político, ideológico y económico del sistema comunista cubano.

Entre los sancionados figuran Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz-Canel y considerada la primera dama de facto de Cuba; Manuel Anido Cuesta, hijastro del mandatario; Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro; y Alejandro Castro Espín, hijo del exgobernante cubano y una de las figuras más influyentes dentro de los círculos de poder de La Habana.

Aunque Díaz-Canel y Castro Espín ya estaban sujetos a restricciones estadounidenses, esta es la primera vez que Washington extiende las sanciones a varios de sus familiares cercanos. La decisión supone un endurecimiento significativo de la política hacia Cuba y limita aún más las posibilidades de viaje, operaciones financieras y vínculos con entidades estadounidenses.

Fuentes cercanas al caso indicaron que Manuel Anido Cuesta, residente en España, había realizado recientemente viajes internacionales actuando como representante informal del gobierno cubano, una actividad que ahora podría verse seriamente afectada.

La inclusión de Alejandro Castro Espín en esta nueva ofensiva política ha llamado particularmente la atención. Durante años fue considerado una pieza clave en el acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos durante la administración de Barack Obama, participando activamente en las negociaciones que condujeron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, la actual administración parece considerarlo ahora un obstáculo para cualquier eventual proceso de transición política en la isla.

Además de las sanciones personales, Washington dirigió su atención hacia varias organizaciones cubanas. Entre ellas se encuentran el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y la agencia de viajes Amistur Cuba S.A.

Según el secretario de Estado Marco Rubio, estas entidades desempeñan un papel fundamental en la proyección internacional del gobierno cubano y en actividades que, según Washington, buscan influir política e ideológicamente fuera de las fronteras de la isla.

Las sanciones implican el congelamiento de cualquier activo que estas personas o entidades puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos, empresas e instituciones financieras de Estados Unidos realizar transacciones con los designados.

La medida forma parte de una estrategia más amplia impulsada por una orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 1 de mayo. Dicha orden también contempla sanciones secundarias contra bancos y compañías extranjeras que mantengan negocios con sectores considerados estratégicos para el gobierno cubano, incluyendo la minería, la energía y la defensa.

En ese contexto, el Departamento de Estado anunció sanciones contra Minera La Victoria S.A., una empresa mixta dedicada a la extracción de oro y vinculada a inversiones extranjeras en Cuba. La decisión se suma a otras acciones recientes que ya han impactado a compañías mineras internacionales con operaciones en la isla.

Durante las últimas semanas, Washington también ha sancionado al conglomerado militar GAESA, al Ministerio del Interior, a altos mandos militares y policiales, así como a importantes figuras del aparato estatal cubano.

Rubio afirmó que las nuevas medidas buscan golpear lo que calificó como una “red radical” que, según Estados Unidos, ha servido durante décadas para promover intereses contrarios a la seguridad nacional estadounidense.

El anuncio llega en un momento especialmente delicado para el gobierno cubano, que enfrenta una profunda crisis económica, escasez de productos básicos, inflación y un creciente descontento social. Paralelamente, la Casa Blanca continúa enviando señales de que estaría dispuesta a respaldar una transición política en la isla si surgieran interlocutores con capacidad real para impulsar reformas.

Durante una comparecencia ante el Congreso, Rubio aseguró que existen figuras dentro del aparato gubernamental cubano conscientes de que el modelo actual “no es sostenible”, aunque reconoció que, por el momento, Washington no identifica a una persona con suficiente poder político para liderar una transformación democrática.

Con esta nueva ronda de sanciones, la confrontación entre Washington y La Habana entra en una etapa aún más intensa, mientras crecen las interrogantes sobre el impacto que estas medidas podrían tener en el futuro político y económico de Cuba.