Florida clausura centro de detención migratoria en los Everglades y busca convertir la zona en reserva ambiental
En un movimiento que marca el cierre de un capítulo polémico en la gestión migratoria de Florida, el gobernador Ron DeSantis anunció recientemente el fin de operaciones en “Alligator Alcatraz”, un centro de detención temporal instalado en julio de 2025 en los Everglades, y que fue utilizado para alojar hasta 21,000 migrantes. Durante una conferencia de prensa, DeSantis defendió el proyecto enfatizando que logró su propósito de cubrir un vacío mientras el gobierno federal aseguraba alternativas para albergar detenidos y aseguró que la instalación contribuyó a la seguridad del estado.
La instalación, que operaba en un entorno improvisado conformado por carpas y remolques alrededor de una pista de aterrizaje, fue presentada inicialmente por el propio DeSantis junto al presidente Donald Trump como un pilar de la estrategia republicana para gestionar deportaciones. En esta línea, Tom Homan, responsable de políticas fronterizas de la Casa Blanca, manifestó su apoyo y confirmó que la colaboración entre la administración federal y Florida continuará, pese al cierre del centro.
El cierre no ha estado exento de controversia. Diversos reportes de las personas detenidas y grupos de derechos humanos denunciaron condiciones deplorables dentro del centro: acceso restringido a asistencia legal, alimentos en mal estado, problemas con saneamiento —inodoros que no funcionaban y suelos sucios—, infestación de insectos, falta de duchas y medicamentos, y estrictas condiciones de confinamiento en carpas sin garantía de aire acondicionado durante las intensas jornadas de calor. Estas denuncias suscitaron acciones legales y una orden judicial que obligó a garantizar el acceso a asesoría legal para los detenidos, la cual el gobierno intentó sin éxito suspender.
A inicios de junio se había realizado un cierre temporal debido a la temporada de huracanes y los riesgos que implicaba mantener a las personas detenidas en esa zona vulnerable. Sin embargo, el traslado generó preocupación ya que, según reportes, durante varios días las familias y defensores carecieron de información sobre el paradero de sus allegados, quienes fueron distribuidos en otros centros a lo largo de varios estados.
Además de la dimensión humanitaria, organizaciones ambientalistas expresaron su rechazo por la construcción y operación del centro sin los permisos y estudios ambientales necesarios, señalando que tanto el estado como las autoridades federales actuaron sin la debida supervisión y sin consulta pública, lo que, aseguraron, dejó un daño ambiental pendiente de reparación.
En consecuencia, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció la intención de su administración para conservar permanentemente los terrenos que ocupaba la instalación. Mediante un memorando, propuso la evaluación para transferir estas tierras al Servicio Nacional de Parques y socios dedicados a la restauración de los Everglades. Esta iniciativa busca incorporar la propiedad al Programa Integral de Restauración de los Everglades, considerado uno de los esfuerzos ecológicos más grandes de Estados Unidos. Según la autoridad local, la zona presenta un valor aeronáutico limitado, costos elevados de mantenimiento y poca compatibilidad con las áreas de conservación circundantes, por lo que su mejor uso a largo plazo es el ambiental.
Con esta transición, Florida pone fin a un experimento de detención migratoria que combinó disputas políticas y preocupaciones ecológicas, abriendo un nuevo capítulo en la gestión del territorio y la migración en el estado.
