Pelotones de fusilamientos de regreso en los Estados Unidos

El gobierno del presidente Donald Trump está considerando ampliar las formas en que se aplicaría la pena de muerte a nivel federal. Entre las opciones que se están evaluando figuran métodos como el fusilamiento, la electrocución y la asfixia con gas, en parte debido a las dificultades para conseguir los medicamentos necesarios para las inyecciones letales.

Esta iniciativa surge a partir de un informe del Departamento de Justicia, el cual responde a la promesa de Trump de reactivar las ejecuciones federales durante su segundo mandato. Cabe recordar que, en su primer periodo presidencial (finalizado en 2021), ya había retomado la pena capital tras dos décadas sin aplicarse, llevando a cabo 13 ejecuciones en los últimos meses de su administración.

El fiscal general interino, Todd Blanche, quien presentó el informe, ha autorizado solicitar la pena de muerte en nueve casos. Esto ocurre después de que Trump eliminara la moratoria que había sido impuesta por su predecesor, Joe Biden.

Según el comunicado oficial, además de retomar el uso de la inyección letal, se busca incorporar nuevos métodos de ejecución y agilizar los procesos internos para acelerar los casos relacionados con la pena capital.

El informe también instruye a la Oficina Federal de Prisiones a actualizar sus protocolos, incorporando métodos permitidos en algunos estados, como el fusilamiento y la electrocución, así como una técnica más reciente: la asfixia con gas, utilizada por primera vez en Alabama en 2024. El objetivo es garantizar que las ejecuciones puedan llevarse a cabo incluso si no se dispone de ciertos fármacos.

Durante su mandato, Biden conmutó las penas de 37 personas que estaban en el corredor de la muerte federal, dejando solo tres casos pendientes: Dzhokhar Tsarnaev, condenado por el atentado del maratón de Boston; Dylann Roof, responsable del asesinato de nueve personas en una iglesia en Carolina del Sur; y Robert Bowers, autor del ataque a una sinagoga en Pittsburgh donde murieron 11 personas.

En la práctica, estos casos suelen tardar años en resolverse completamente, ya que los condenados pueden agotar múltiples recursos legales antes de que se programe una ejecución. Hasta ahora, ninguno de estos tres reclusos tiene una fecha definida.

Cada vez que se introduce un nuevo método de ejecución en Estados Unidos, los reos suelen presentar demandas argumentando que dichas prácticas violan la Constitución, específicamente la prohibición de castigos “crueles e inusuales”. Sin embargo, la Corte Suprema nunca ha declarado inconstitucional un método de ejecución aprobado.

Aunque la inyección letal sigue siendo la forma más común, también ha sido objeto de críticas debido a fallos durante su aplicación. En algunos casos, los procedimientos han tenido que suspenderse porque los funcionarios no logran encontrar una vena adecuada. Además, opositores señalan que estudios forenses sugieren que algunos reclusos podrían experimentar una sensación similar al ahogamiento antes de morir, lo que consideran una forma de sufrimiento extremo.

Otro factor clave es que muchas compañías farmacéuticas se niegan a vender medicamentos que puedan ser utilizados en ejecuciones, en parte por regulaciones internacionales. Esto ha obligado a las prisiones a recurrir a proveedores menos regulados, lo que ha impulsado a varios estados a retomar métodos más antiguos.

Actualmente, cinco estados permiten el fusilamiento, y se espera que Idaho lo adopte como método principal próximamente. En 2023, Carolina del Sur llevó a cabo una ejecución por fusilamiento por primera vez en 15 años, cuando un condenado optó por este método al considerar que las alternativas podían implicar una muerte más lenta y dolorosa.

Por otro lado, Alabama marcó un precedente en 2024 al ejecutar a un recluso mediante la inhalación forzada de nitrógeno, provocando asfixia. Desde entonces, otros estados como Arkansas, Luisiana, Mississippi y Oklahoma han comenzado a adoptar este método.

Este panorama refleja un cambio significativo en la manera en que Estados Unidos podría aplicar la pena de muerte en el futuro, reabriendo un debate intenso tanto a nivel legal como ético dentro y fuera del país.