Revelan contratos millonarios entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el régimen cubano

Mientras miles de cubanos esperan durante meses, e incluso más de un año, por la resolución de sus trámites para obtener la nacionalidad española, nuevos documentos oficiales han vuelto a situar bajo el foco la relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y entidades controladas por el Estado cubano. Las contrataciones realizadas por España para reforzar la actividad de su consulado en La Habana han terminado alimentando la polémica, al recaer en una empresa estrechamente vinculada con la estructura empresarial del régimen.

Una extensa investigación del diario español ABC muestra que el Ejecutivo español ha adjudicado contratos por un importe total de 1.602.217 euros a la empresa Grupo Palco, una sociedad que forma parte del entramado empresarial estatal cubano y que mantiene vínculos con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el poderoso conglomerado económico administrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

_{Adjudicación al Grupo Palco en enero de 2025. (Imagen tomada del diario español ABC)}

La mayor parte de esos recursos corresponde a dos contratos firmados a finales de 2024 para incorporar personal local que presta servicios en el Consulado General de España en La Habana. Ambos comenzaron a ejecutarse en enero de 2025 y permanecerán vigentes hasta diciembre de 2028.

El objetivo de estas contrataciones es reforzar la capacidad operativa del consulado, cuya carga de trabajo aumentó considerablemente tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022. La normativa abrió una nueva vía para que descendientes de españoles pudieran solicitar la ciudadanía, provocando una avalancha de expedientes, especialmente en América Latina.

De acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, más de 2,5 millones de personas habían presentado solicitudes bajo esta legislación cuando aún faltaban varios meses para el cierre del plazo. Entre ellas, más de 73.000 correspondían a ciudadanos de origen cubano, convirtiendo a Cuba en el segundo país latinoamericano con mayor volumen de peticiones, solo por detrás de Argentina.

Los contratos adjudicados contemplan la incorporación de 107 trabajadores destinados a apoyar las labores administrativas del consulado. Entre los puestos figuran auxiliares de oficina, asistentes administrativos, recepcionistas, conductores, jardineros, personal de mantenimiento y empleadas domésticas.

Sin embargo, uno de los aspectos que más controversia ha generado es que la selección definitiva del personal no queda en manos de las autoridades españolas. Según las condiciones establecidas en los contratos, Grupo Palco es la entidad responsable de decidir qué candidatos serán finalmente contratados. Aunque el consulado puede presentar propuestas, la aprobación final corresponde a la empresa estatal cubana.

Los dos contratos, valorados en 1.131.295 euros y 242.743 euros, respectivamente, fueron adjudicados mediante un procedimiento restringido, una modalidad en la que no existe negociación sobre las condiciones contractuales entre la administración y los aspirantes.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores han explicado que esta fórmula responde a las normas vigentes en Cuba, donde las representaciones diplomáticas extranjeras deben contratar a su personal local a través de Grupo Palco, empresa designada por las autoridades cubanas para ejercer esa intermediación.

A pesar del incremento de personal, organizaciones que asesoran a descendientes de españoles sostienen que la situación continúa lejos de normalizarse. La Asociación de Descendientes de Españoles en el Mundo (ADEM) asegura que el consulado sigue registrando importantes retrasos tanto en la tramitación como en la inscripción definitiva de los nuevos ciudadanos españoles.

Incluso existen expedientes que, pese a haber recibido aprobación, permanecen paralizados durante más de un año. En varios casos, los solicitantes han recibido comunicaciones oficiales donde se les pide esperar varios meses adicionales debido al elevado volumen de trabajo acumulado.

La relación contractual entre el Ejecutivo español y Grupo Palco no comenzó con estos acuerdos. Ya en 2018, el Gobierno español había firmado otro contrato con esa misma entidad para el alquiler de una oficina en La Habana destinada al Ministerio de Trabajo y Economía Social. Aquel convenio supuso un desembolso superior a los 228.000 euros durante un período de cinco años.

Estas adjudicaciones vuelven a poner sobre la mesa el debate político sobre la relación del Ejecutivo de Pedro Sánchez con las autoridades cubanas, especialmente por tratarse de una empresa vinculada a GAESA, conglomerado que ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos debido a sus conexiones con la estructura militar del régimen.

La controversia también coincide con un momento de creciente presión internacional sobre La Habana. En los últimos meses, Washington ha endurecido las medidas dirigidas contra empresas relacionadas con GAESA, mientras mantiene una política de mayor vigilancia sobre las actividades económicas del aparato estatal cubano.

En paralelo, resurgen las críticas hacia la posición del Gobierno español respecto a Cuba. Aunque Pedro Sánchez afirmó en 2021 que la isla no podía considerarse una democracia, evitó entonces calificar oficialmente al sistema político cubano como una dictadura, una postura que continúa siendo motivo de debate tanto en España como entre diversos sectores de la oposición y organizaciones vinculadas a la comunidad cubana.

Fuente: Diario ABC España