La Corte Suprema ratifica ciudadanía automática para nacidos en EE. UU. y frena intento de Trump de limitarla
En una decisión clave para el debate migratorio y constitucional, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía automática por nacimiento. Esta sentencia reitera la interpretación histórico-legal establecida hace más de un siglo, que reconoce la ciudadanía a quienes nacen en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
La orden ejecutiva en cuestión fue emitida por Trump el 20 de enero de 2025, justo en el inicio de su regreso a la Casa Blanca. Su propósito era modificar el alcance tradicional de la 14ª Enmienda, para limitar el derecho a la ciudadanía automática únicamente a los hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Así, excluía a los hijos de inmigrantes en situación irregular, visitantes temporales, y quienes se encontraban en el país con visas de estudio o trabajo sin intención de residencia definitiva. De haberse aplicado, la medida habría afectado a unos 250,000 bebés cada año, generando además una carga significativa para millones de familias, que tendrían que probar legalmente la condición de sus hijos.
Sin embargo, esta directiva nunca entró en vigor, ya que fue bloqueada por tribunales federales desde su emisión, lo que derivó en una batalla judicial que llegó hasta la Corte Suprema. En el fallo definitivo, la mayoría—compuesta por seis jueces, entre ellos el conservador Brett Kavanaugh—se posicionó en contra de la orden ejecutiva, subrayando el respeto a una interpretación que data del siglo XIX, concretamente del caso emblemático United States v. Wong Kim Ark (1898). En esta sentencia histórica, se estableció que la ciudadanía corresponde a cualquier persona nacida en Estados Unidos, con excepciones muy limitadas, como los hijos de diplomáticos extranjeros.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, enfatizó en el dictamen que la ciudadanía implica “el derecho a tener derechos” y representa una promesa para toda persona nacida libre en territorio estadounidense. “Hoy mantenemos esa promesa”, afirmó categóricamente, dejando claro que la 14ª Enmienda sigue vigente en su interpretación más amplia y tradicional.
La controversia detrás de la orden se centró en la interpretación de la frase “sujetas a su jurisdicción”, presente en la 14ª Enmienda, que la administración Trump pretendió leer de forma restrictiva, para excluir a ciertos grupos de inmigrantes. Pero esta postura fue considerada infundada por quienes defendieron que la Constitución estadounidense, ratificada en la postguerra civil para asegurar derechos tras la abolición de la esclavitud, ya había definido claramente este derecho universal.
El proceso judicial comenzó en Nueva Hampshire con una demanda colectiva apoyada por organizaciones como la ACLU, que cuestionaron la constitucionalidad de la orden ejecutiva. Este caso sentó un precedente importante al lograr que la normativa fuera bloqueada a nivel nacional y posteriormente revisada por la Corte Suprema.
La audiencia marcó un hecho inédito: el propio Donald Trump asistió a la deliberación en el máximo tribunal, siendo el primer presidente en ejercicio en presenciar un caso de esta naturaleza, aunque se retiró antes de finalizar los argumentos.
Con este fallo, la Corte Suprema vuelve a afirmar que la ciudadanía por nacimiento sigue siendo un derecho garantizado para la mayoría de las personas nacidas en Estados Unidos, reafirmando un principio consagrado desde la adopción de la 14ª Enmienda en 1868. La decisión no solo marca un revés para las políticas restrictivas del expresidente, sino que también envía un mensaje claro sobre la protección constitucional de los derechos civiles en el país.
